La derecha se hace fuerte en la universidad

DIEGO BARCALA – PÚBLICO
“Venceréis, pero no convenceréis”. Han pasado más de siete décadas desde que el entonces rector de la Universidad de Salamanca Miguel de Unamuno lanzara su frase acosado por el fascismo golpista en el paraninfo. Después de 40 años de oscura reflexión, la universidad ha recuperado su espacio en la democracia. Sin embargo, el debate sobre los límites ideológicos en los centros docentes sigue vivo. La aparición esporádica de ultras adoctrinantes y la crítica feroz que reciben las iniciativas de izquierdas llaman a la reflexión sobre si basta con la libertad de cátedra para tener una universidad plural.

El último acto de censura a las ideas alternativas quedó registrado el pasado abril. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, fue tildado de “antidemocrático” por apoyar un acto en favor del juez Baltasar Garzón. “Sería mejor que algunas universidades dedicaran más tiempo a elevar el nivel de enseñanza que a otras cosas que hemos visto”, llegó a declarar el ex presidente del Gobierno José María Aznar. El presidente de honor del PP fue investido el pasado jueves doctor honoris causa por la Universidad Católica de Murcia y habló en su discurso del terrorismo.

“Los que más se quejan de que la universidad hable de política son los que luego más hablan de ella”, replica Berzosa. “El ruido por el acto de Garzón se generó más fuera que dentro del campus. Tanto la junta de facultades como la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) apoyaron la autonomía universitaria cuando recibimos las críticas”, recuerda el rector. “El debate sobre si la universidad debe hablar de política se remonta casi a cuando yo era estudiante, pero la libertad de cátedra y la autonomía universitaria están en la Constitución”, zanja.
Ley de 1985

La legislación al respecto de la libertad de cátedra se remonta a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985: “El ejercicio de esta libertad habrá de orientarse a la realización de los fines educativos, de conformidad con los principios establecidos por las leyes”. Inapelable. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ya ha tenido que mostrar su opinión en algunas ocasiones. “El profesor puede expresar sin trabas su pensamiento en el centro escolar cuando esté cumpliendo su actividad didáctica”, apela el TC.

Este principio no se cumplió en unas clases de criminología impartidas el pasado curso en la Facultad de Sociología de la Complutense por dos neonazis. Fueron invitados por el sociólogo Carlos Coloma Valls director de la revista fascista Disidencia y entre los contenidos aportados a los alumnos que pagaron 345 euros estaban las alabanzas al ministro nazi, Paul Joseph Goebbels, por sus logros propagandísticos, según informa Interviú.

La Asociación Universitaria Contrapoder, ampliamente criticada por protestar contra una conferencia de Rosa Díez, lamenta la falta de repercusión mediática de aquel grave suceso ultra. “Los medios normalizan con su silencio este hecho”, denuncian. Su protesta ha tenido fruto y el curso ha sido cerrado en su convocatoria para este año.

Pese a la radicalidad espectacular que tiene una conferencia filonazi en una universidad pública, se trata de un hecho aislado. Los profesores que cuentan con la política como materia prima de sus asignaturas creen que el problema ideológico de la universidad española se encuentra en el lado ideológico contrario. Toda postura alternativa que vaya en contra del discurso oficial al respecto del sistema político, económico o a las relaciones internacionales, recibe la sordina por respuesta.
Como el poder judicial

“Los manuales que se siguen utilizando en las facultades de Ciencias Sociales, Políticas, de la Educación o Psicología son los del tardofranquismo del Opus Dei. Creo que el poder judicial y la universidad son las dos instituciones que menos han evolucionado respecto al franquismo”, denuncia el vicedecano de Investigación, Calidad e Innovación de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, Ariel Jerez.

Su compañero de facultad, Juan Carlos Monedero, discrepa en parte: “Siempre puedes escribir el tuyo, pero estoy de acuerdo en que falta evolución. Nadie discute la libertad de cátedra, un profesor puede escribir lo que quiera, pero como propongas en el departamento actividades alternativas corres riesgo de no renovar la plaza. Chocar con tus jefes sale caro, pero seguir sus teorías es muy barato”, señala el politólogo.

“Los catedráticos son personas de 65 años que eran profesores hace 40. El primer choque lo tuvimos cuando surgió el GAL. Ellos, que reparten credenciales de izquierdas, defendían el terrorismo de Estado”, critica Monedero al respecto de la generación anterior a la suya. Su rector, Carlos Berzosa, sólo admite que pueda existir cierto exceso de “jerarquías” en los departamentos de Ciencias Sociales.

La libertad de cátedra tuvo su origen en 1931

“Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada”. La II República instauró este derecho en 1931 y detalló su pretensión: “La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”. Un docente ultracatólico puede hoy renunciar a explicar el aborto en la universidad.

Ver en Público.
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